Cuando vemos diferentes políticas públicas y proyectos que generan grandes ahorros y mejoras en eficiencia operatoria del Estado, la pregunta que siempre me he hecho es:

 

¿Por qué cuesta tanto conseguir recursos para su desarrollo?

Este tema lo hemos conversado con varios especialistas regionales en procesos de modernización y a todos nos resulta bastante inexplicable.

 

El discurso habitual es que la digitalización del Estado es generadora de grandes beneficios, pero a la hora de incurrir en los gastos, tanto en la inversión inicial como en la posterior operación (CAPEX y OPEX) es cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Estas dificultades, muchas veces vienen de las instituciones rectoras y gestoras de las billeteras fiscales, o bien de las autoridades políticas.

 

Este juicio quiero ejemplificarlo con dos casos: i) Transformación Digital y ii) Compras Públicas.

 

Transformación Digital

 

Los procesos de transformación digital vienen de la mano de la digitalización de la interacciones (trámites por el canal online) que los ciudadanos deben realizar con el Estado.

 

Ya hay bastantes estudios y análisis respecto de las relaciones de los costos, tanto directos para el Estado como indirectos para los ciudadanos, de las interacciones digitales versus las presenciales, como lo muestra el siguiente gráfico elaborado por la el equipo de comunicaciones de Mismatica (¡que me gustó mucho!) y ha sido realizado en base al estudio que llevé a cabo hace algunos años para el Banco Interamericano de Desarrollo.

 

Si asumimos esos costos, relación 1 a 10, y lo llevamos al universo de trámites que realizan las personas con el Estado, las cifra en términos de reducción de costos directos es “monstruosa”. A modo de ejemplo, hoy se realizan 481 millones de transacciones/anuales de clave única. El Banco Interamericano de Desarrollo para el caso de Chile estimó un ahorro anual de 260 millones de dólares por la preferencia del canal digital.

 

Pero a la hora de entregar los recursos al proceso de transformación, como decía anteriormente, esto se pone cuesta arriba.

 

En nuestro país, el presupuesto adicional para la implementación de la Ley de Transformación Digital para un plazo de 4 años originariamente era de sólo 4.8 millones de dólares, según el Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos. Monto a distribuir en 4 años (horizonte que tenía la ley inicialmente), y en aproximadamente 600 servicios públicos alcanzados por dicha norma, lo que equivale a unos 2 mil dólares por año y servicio.

 

No son muchos recursos que digamos. Ahora bien cuando expresé esto se me dijo que el resto de los recursos deberían venir del presupuesto habitual, redireccionando recursos, sin considerar que un porcentaje muy alto del presupuesto TI de los servicios corresponde a continuidad operacional (70% y más) y por lo tanto no se puede predestinar a otros fines.

 

Sin embargo, al parecer el tiempo me ha dado en algo la razón, ya que el Estado de Chile decidió salir a buscar recursos adicionales. Actualmente cuenta con 100 millones de dólares como parte de una operación del Banco Interamericano de Desarrollo, eso es 20 veces más de los recursos estimados originalmente.

 

Compras Públicas

 

Cuando se analizan diferentes plataformas de contrataciones públicas, se identifican ahorros directos, vinculados a reducciones de precio del orden de 2,65% y los impactos en eficiencia 0,4% (estudio Does e-Procurement save the state money? de Marcos Singer et al. para el caso chileno), lo cual llevado a los montos que esas plataformas transan, son muchos millones de dólares. Sólo en el 2022 se transaron más de 15.000 millones de dólares (el 2,65% son casi 400 millones), pero si incluso lleva esta cifra a un análisis más conservador, sólo 9.200 millones de dólares correspondientes a procesos de carácter más competitivo (licitaciones), los ahorros en base a los números estimados por Singer serían de 244 millones de dólares.

 

 

Estos ahorros no sólo corresponden a nuestro país según el reporte E-Procurement savings in Europe, de GateWit estos son mucho mayores como lo muestra la gráfica.

 

 

 

Pero cuando se trata de modernizar estas plataformas, los recursos al igual que en el caso anterior cuesta mucho conseguirlos.

 

Un buen ejemplo es lo que ocurre con Chilecompra que se encuentra en un proceso de actualización de la ley, cambios que tienen un impacto significativo en la plataforma tecnológica (nuevas funcionalidades). Si a eso agregamos que dicha plataforma ya tiene un importante nivel de obsolescencia tecnológica y que es un buen momento para actualizarla.

 

Pero al ver los recursos asignados a la implementación de la ley, vemos que estos son claramente insuficientes dada la magnitud del desafío (se adjunta informe financiero).

 

 

Ver nota original